Las guerras comerciales de la segunda década del siglo XXI parecen desarrollarse alrededor de las listas negras. Países enfrentados recurren a este mecanismo para presionar al otro; mientras, los gobiernos que más impuestos cobran a sus ciudadanos también acuden a estas “estrategias” para forzar a diferentes jurisdicciones con políticas de bajos impuestos e incentivos fiscales a cambiar sus leyes, para que compartan información financiera que, hasta hace poco tiempo, era guardada de manera sigilosa.
El caso más reciente de guerra de listas negras lo han protagonizado China y Estados Unidos. El debate ha sido extenso y para todos está claro que es un choque de trenes entre las dos mayores economías del mundo. La Administración Trump tensó la cuerda al incluir a la compañía Huawei, una de las mayores productoras de teléfonos del mundo, en su lista negra, porque consideró que los chinos estaban colocando puertas traseras en sus dispositivos móviles y en la infraestructura de las redes 5G para espiar a los estadounidenses. Ninguna empresa de Estados Unidos puede vender componentes a la compañía china, ni tampoco ofrecer software.
China no demoró en responder y creó su propia lista negra, en la que aparecían todas las empresas que se habían doblegado a los designios de Washington, no solo las estadounidenses, sino también británicas y japonesas. Para China, estas son “compañías no confiables”, por lo que no quería continuar en negocios con ellas. La presión se ha intensificado por ambas partes que buscan que sea la otra la primera en ceder. En este caso, las listas negras han sido utilizadas como mecanismo coercitivo para obtener ventajas comerciales.
Listas negras de los paraísos fiscales
La Unión Europea fue más allá en el uso de las listas negras. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elaboró, en 2017, un listado de jurisdicciones con políticas de bajos impuestos y no dispuestas a compartir con otras naciones los datos de los ciudadanos que utilizaban el sistema bancario. En esta lista fueron incluidos países del Caribe, África, Asia y Centroamérica. La idea era mostrar a esos territorios, ante la comunidad internacional, como paraísos fiscales y, de esta forma, disuadir a más ciudadanos europeos a que utilizaran las facilidades impositivas que ofrecen estos territorios.
En la actualidad, la lista negra de la OCDE contiene a 11 jurisdicciones: Emiratos Árabes Unidos, Omán, Belice, Fiji, Vanuatu, las Islas Marshall, Samoa Americana, Guam, Samoa, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Además, la Unión Europea decidió crear una “lista gris”, en la que aparecían jurisdicciones que habían aceptado transformar sus sistemas de impuestos y compartir información financiera de los ciudadanos de países europeos. Para estos 34 territorios con un espacio en la “lista gris” existe el peligro de caer en la “lista negra”, sino cumplen, a tiempo, con las exigencias de la Unión Europea y la OCDE.
Listas negras, mecanismo de presión para los ciudadanos
Las listas negras no buscan solo intimidar a países que ofrecen bajos impuestos o tecnología a precios económicos, sino que también afectan a las personas. Esto lo sabe muy bien, por ejemplo, el empresario panameño Abdul Waked, quien en 2016, fue incluido, injustamente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la “lista Clinton”, acusado de lavar dinero. Ahora está exigiendo una indemnización de 1269 millones de dólares por daños y prejuicios, porque todas las acusaciones resultaron ser falsas.
Waked era el dueño del centro comercial Soho Mall y, al ser colocado en esa lista negra, se vio obligado a ceder el control, mediante fideicomiso, del centro a dos bancos acreedores, como única vía para tratar de salvar a la empresa. Estos bancos, en realidad, lo que hicieron fue vender el Soho Mall a dos grupos mexicanos, por un valor de 350 millones de dólares.
En 2017, Waked interpuso su primera demanda en una corte panameña, por un valor de 165 millones de dólares; pero esta no fue admitida. Ahora presentó otra demanda contenciosa administrativa de indemnización, mediante la cual exige que el Estado panameño y al Banco Nacional de Panamá le pague 1269 millones por daños y perjuicios.
Si usted o su empresa han sido insertados injustamente en una lista negra, el bufete Caporaso & Partners puede ayudarle a tramitar la remoción y evitar daños mayores.
